Persecución y represión: la estrategia del Gobierno para el 2025
El endurecimiento de las políticas de seguridad por parte del gobierno de Javier Milei marca un preocupante avance sobre los derechos ciudadanos. La reciente violencia policial contra protestas de jubilados y la aprobación de la Ley Antimafias consolidan un escenario de criminalización de la protesta social y otorgan amplias facultades a las fuerzas de seguridad. Denuncias sobre operativos irregulares y vigilancia encubierta crecen a medida que se refuerza un aparato represivo sin precedentes.
Ante un contexto de crisis social y económica, el Ejecutivo responde con más represión. La movilización multisectorial que se sumó a la marcha semanal de jubilados frente al Congreso de la Nación fue recibida con amenazas oficiales de castigos arbitrarios y medidas al margen de la legalidad. El lenguaje del gobierno se resume en una sola respuesta: más control y violencia institucional.
Una de las características de regímenes con tendencias autoritarias es la difuminación de los límites entre lo legal y lo ilegal. En esta lógica, las fuerzas de seguridad actúan con potestad para reprimir sin rendir cuentas, deteniendo y atacando sin apego a la normativa vigente. Esto genera un escenario en el que cualquier ciudadano puede ser considerado sospechoso y enfrentar consecuencias sin garantías procesales. Según declaraciones de un candidato oficialista, «a los criminales les corresponde cárcel o bala», una frase que sintetiza la política de seguridad en curso.
Un ejemplo de esta estrategia es la amenaza de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de aplicar el derecho de admisión deportivo a hinchas de fútbol que participen en protestas, con el objetivo de desarticular cualquier manifestación organizada. Esta acción, de dudosa legalidad, se suma a una serie de medidas que han sido criticadas por organismos de derechos humanos.
El Congreso también jugó un papel clave en este escenario con la aprobación de la Ley Antimafias, que otorga herramientas extraordinarias al gobierno para perseguir opositores y criminalizar la protesta. Esta norma, que contó con respaldo de legisladores de diferentes bloques, permite la detención sin orden judicial hasta por 48 horas, extensible a 15 días o más en casos de «investigación compleja». Además, habilita allanamientos y escuchas telefónicas sin intervención de la Justicia, un precedente inédito en la democracia argentina.
Una de las disposiciones más alarmantes de la ley establece que todos los integrantes de una manifestación pueden ser penalmente responsables por cualquier delito cometido en su contexto, incluso si es perpetrado por un infiltrado. Este mecanismo amplifica el margen de acción represivo y pone en riesgo el derecho a la libre expresión y manifestación.
Mientras tanto, surgen versiones preocupantes sobre operaciones encubiertas en el país. Según el periodista Carlos Pagni, un vuelo privado proveniente de Miami fue eximido de controles aduaneros por orden de altas autoridades, transportando presuntamente no solo dinero en efectivo sino también tecnología para espionaje ilegal.
La combinación de represión, vigilancia y criminalización de la protesta conforma un panorama inquietante para el futuro inmediato. En este contexto, el desafío de la sociedad civil será sostener y defender los derechos democráticos ante un esquema de seguridad que prioriza el control y la disciplina por sobre las libertades individuales.
