Un temporal devastador y un Estado ausente

Días antes del feroz temporal que golpeó Bahía Blanca, el gobierno nacional desmanteló la Dirección Nacional de Emergencias, dejando al país sin una estructura de respuesta ante catástrofes. La decisión, tomada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se enmarca en la política de ajuste estatal promovida por Federico Sturzenegger y tuvo consecuencias trágicas.

El 28 de febrero, en vísperas de un fin de semana largo, 485 empleados del organismo recibieron sus despidos por correo electrónico. Esta medida dejó a la nación sin un equipo especializado en atender emergencias, en un contexto donde el cambio climático agrava la frecuencia y severidad de los desastres naturales. Pocos días después, un temporal sin precedentes arrasó Bahía Blanca, dejando más de una decena de víctimas fatales, evacuaciones masivas y pérdidas materiales estimadas en 400 mil millones de pesos.

Un Estado sin respuestas

La respuesta del gobierno nacional fue mínima: apenas 10 mil millones de pesos en asistencia, una suma irrisoria en comparación con los daños. Además, el Ministerio de Capital Humano envió solo 80 colchones y productos de limpieza, sin coordinación efectiva ni despliegue de profesionales para atender a los damnificados.

El argumento oficial para el desmantelamiento del organismo fue la existencia de una supuesta «superposición de áreas» con el Sinagir (Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo), dependiente del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, no hay evidencia de que dicho sistema cuente con los recursos y el personal necesario para asumir el rol que tenía la Dirección Nacional de Emergencias.

Un gobierno ausente ante la tragedia

La provincia de Buenos Aires, ante la magnitud del desastre, solicitó ayuda adicional al gobierno nacional. Sin embargo, la asistencia brindada no cubre ni el 3% de las pérdidas registradas. En los últimos dos años, 50 municipios bonaerenses han sufrido inundaciones y fenómenos climáticos extremos, y en cada caso la provincia debió actuar sin apoyo de Nación.

El desmantelamiento de estructuras clave de emergencia y la falta de reacción gubernamental ante la tragedia en Bahía Blanca reflejan una crisis de gestión y de sensibilidad social. Un gobierno que no protege a su población en los momentos más difíciles pone en riesgo no solo a las víctimas de hoy, sino a todo el país ante futuras emergencias.