Grave conflicto de intereses: el fiscal que investiga a Milei tiene a su hijo en el Gobierno
El avance de la causa sobre la criptomoneda $LIBRA generó un nuevo foco de controversia. Federico Taiano, hijo del fiscal Eduardo Taiano, quien lleva adelante la investigación, ocupa un cargo clave en la administración de Javier Milei, desatando cuestionamientos por posible conflicto de intereses.
La investigación de la estafa vinculada a $LIBRA, delegada por la jueza María Servini en el fiscal Eduardo Taiano, se encuentra en el centro del debate público. El motivo: su hijo, Federico Taiano, forma parte del Gobierno desde agosto de 2024, al frente de la “Unidad Ejecutora Especial Temporaria de Bienes Decomisados”, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, dirigida por Guillermo Francos.
Este vínculo entre el fiscal y un funcionario del Ejecutivo ha despertado inquietud en el ámbito político y judicial. La posibilidad de que esta relación pueda afectar la imparcialidad del proceso judicial plantea serios interrogantes sobre la transparencia de la investigación. Desde diversos sectores han subrayado que la situación configura un claro conflicto de intereses, un término que resonó con fuerza durante el macrismo para describir casos de connivencia entre el Estado y la esfera privada.
La controversia no es un hecho aislado en la política argentina. En 2024, el diputado Cristian Ritondo se vio envuelto en un escándalo similar, cuando su cercanía con funcionarios bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito generó dudas sobre la independencia del proceso judicial. En el caso de $LIBRA, el escrutinio se intensifica dado que la investigación alcanza a figuras centrales del gobierno, incluyendo al propio presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el portavoz Manuel Adorni, con cargos que van desde abuso de autoridad hasta estafa y tráfico de influencias.
Pese a la polémica, la jueza Servini ha tomado medidas para garantizar la transparencia de la causa. Ha ampliado la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y solicitado informes a organismos públicos y privados. Mientras tanto, continúan las diligencias para reunir pruebas y esclarecer los hechos denunciados.
La revelación del vínculo familiar entre el fiscal y un integrante del Gobierno aviva el debate sobre la independencia de las investigaciones judiciales en el país. Con el caso en pleno desarrollo, la atención está puesta en las decisiones judiciales que marcarán el curso de la causa y su impacto en el escenario político.
