Grave denuncia contra Edesur: acusan a la empresa de fraude y exigen intervención judicial

Una presentación ante la Justicia Federal señala a directivos y accionistas de la distribuidora de energía por múltiples delitos, incluyendo administración fraudulenta y estorbo al servicio público. Reclaman la intervención inmediata de la compañía.

Edesur vuelve a estar en el ojo de la tormenta. La empresa encargada de la distribución de energía eléctrica en el AMBA enfrenta una grave denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py. La presentación, realizada por el abogado Claudio Lamela, acusa a sus directivos y accionistas de delitos como defraudación por administración fraudulenta, estorbo al ejercicio de funciones públicas y asociación ilícita. En el documento, se reclama la designación de un interventor para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

El escrito presentado ante la Justicia detalla una serie de irregularidades en la gestión de Edesur, apuntando a la falta de inversiones y al deterioro de la infraestructura eléctrica. Según Lamela, la empresa “ha sido administrada de manera fraudulenta” y el impacto de esta gestión deficiente ha quedado en evidencia con los reiterados cortes de suministro sufridos por los usuarios durante la última década.

Como prueba de ello, el abogado adjuntó un extenso listado de reclamos documentados desde 2023 hasta la actualidad, evidenciando la falta de respuesta de la compañía ante los problemas del servicio. Entre los casos más recientes, denunció que en febrero de 2025 sufrió un corte de energía de tres días consecutivos y, tras la restitución del suministro, volvió a perder el servicio pocas horas después.

Destrato y fraude económico

La denuncia no solo expone fallas operativas, sino también el maltrato a los usuarios. Según Lamela, Edesur “ignora los reclamos, los da de baja sin resolverlos o los atiende de manera deficiente, obligando a los clientes a reiterarlos indefinidamente”.

Además, el perjuicio económico es otra de las aristas del escándalo. Un informe de auditoría del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) reveló que la red eléctrica de Edesur opera al límite de su capacidad, con equipamientos que en su mayoría datan de la década de 1980. A pesar de los millonarios ingresos que percibe, la empresa no ha realizado las inversiones necesarias para garantizar un servicio eficiente.

El informe señala que la compañía ha incumplido sistemáticamente con sus obligaciones contractuales, acumulando deudas con CAMMESA, la entidad encargada del despacho mayorista de electricidad. “Edesur utilizó los ingresos de los usuarios para fines distintos a los establecidos, apropiándose incluso del IVA, lo que supone una maniobra fraudulenta con consecuencias fiscales y económicas graves”, denuncia el escrito.

Pedido de intervención urgente

Ante la gravedad de la situación, Lamela solicitó medidas cautelares inmediatas. Exige la intervención de la empresa, con la designación de un interventor con amplias facultades de contralor, para asegurar la prestación del servicio en condiciones adecuadas.

También pidió la instalación obligatoria de equipos electrógenos en casos de cortes prolongados, así como la prohibición de salida del país y la inhibición de bienes de los responsables de Edesur. El objetivo es garantizar que los afectados puedan recibir un resarcimiento ante los daños ocasionados por la empresa.