«Cripto gate»: Ya hay más de cuatrocientas denuncias penales contra el presidente de la nación en Argentina y el exterior
El presidente Javier Milei enfrenta más de un centenar de denuncias penales en Argentina por su apoyo a la criptomoneda $LIBRA, un escándalo que podría derivar en un procesamiento judicial. La polémica también alcanza el ámbito internacional, donde se especula con la existencia de cientos de presentaciones legales adicionales.
Hasta el 16 de febrero de 2025, se han registrado 112 denuncias en el país contra Milei por la promoción de $LIBRA. De ellas, 111 fueron presentadas digitalmente en distintos juzgados, mientras que una fue radicada en una comisaría y aceptada por el fiscal Guillermo Marijuan, quien investiga si el mandatario incurrió en algún delito.
El respaldo de Milei a la criptomoneda, manifestado en redes sociales y posteriormente eliminado tras la repercusión negativa, desató un aluvión de denuncias por presunta estafa, manipulación de precios y otros delitos financieros. En consecuencia, el caso ha escalado a la Justicia Federal, donde distintos actores buscan determinar la responsabilidad del presidente y su entorno.
Uno de los expedientes clave fue presentado por Miguel Ángel Heredia y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, bajo la órbita de Sebastián Casanello. La denuncia analiza si la promoción de $LIBRA contribuyó a la suba repentina de su cotización y su posterior desplome, afectando a miles de inversores.
Diversos sectores políticos han comenzado a exigir un juicio político contra Milei, mientras que especialistas debaten sobre el alcance legal de su accionar. La cuestión central radica en si su publicación en redes puede encuadrarse dentro de una conducta delictiva o si se trata simplemente de una manifestación de opinión.
Entre las denuncias figuran las presentadas por Agustín Rombolá, ex presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, quien acusa a Milei de estafa, manipulación de precios y negociaciones incompatibles con la función pública. Asimismo, el abogado Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, sostiene que el mandatario formó parte de una asociación ilícita que habría defraudado a más de 40.000 personas.
El abogado Gregorio Dalbón también impulsó una denuncia que no solo involucra al presidente, sino también a su hermana Karina Milei y a empresarios ligados al proyecto, como Julian Peh, fundador de KIP Protocol, y Hayden Davis, de Kelsier Ventures. La investigación continúa avanzando, con la expectativa de que en los próximos días se sumen nuevas acciones legales.
Este escándalo pone nuevamente en el centro del debate la relación entre las figuras públicas y las inversiones especulativas, además de la responsabilidad política y jurídica de quienes ostentan el poder. La Justicia determinará si el caso de $LIBRA configura un delito o si se trata de una controversia sin consecuencias legales para el presidente y su entorno.
