Jubilaciones en la era Milei: ajustes, fórmulas y pérdida de poder adquisitivo
La reciente publicación de los últimos datos de inflación y del índice de salarios permite proyectar dos aspectos clave en materia previsional: el aumento de las jubilaciones en marzo de 2025 y su comparación con la actualización que hubiese resultado bajo la fórmula derogada por la Ley 27.609 de 2021.
El impacto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, promovido por el gobierno de Javier Milei, ha redefinido la movilidad previsional, generando consecuencias significativas en el poder adquisitivo de los jubilados. A esto se suma el congelamiento del bono compensatorio para los haberes mínimos, lo que agrava la situación de los sectores más vulnerables. Comparar el nuevo esquema de actualización con el anterior resulta fundamental para evaluar el impacto real sobre los ingresos de los adultos mayores, quienes también enfrentan dificultades en el acceso a medicamentos y el vencimiento de la moratoria previsional.
Desde la implementación del DNU 274/2024 en marzo de 2024, el sistema jubilatorio argentino sufrió cambios drásticos. La movilidad mensual basada en la inflación de dos meses atrás reemplazó la fórmula trimestral que combinaba la evolución de los salarios y la recaudación de la seguridad social. En el marco de esta transición, se otorgó una recomposición excepcional del 12,5% en abril y aumentos mensuales como adelantos hasta junio. Si bien este esquema permitió una recuperación parcial tras la fuerte licuación de diciembre de 2023 y enero de 2024, también consolidó los haberes en un nivel históricamente bajo.
Uno de los factores más críticos ha sido el congelamiento del bono de $70.000 desde marzo de 2024, lo que profundizó la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados que perciben el haber mínimo. Mientras que los haberes sin bono aumentaron un 103,1% entre marzo de 2024 y febrero de 2025, aquellos que dependen de este complemento vieron sus ingresos crecer apenas un 67,8%. De haberse ajustado proporcionalmente, el bono en febrero de 2025 debería haber alcanzado los $142.161, más del doble del monto fijado.
La comparación entre la fórmula vigente y la derogada resalta un punto clave: el ajuste previsional se implementó en un contexto en el que el esquema previo podría haber otorgado aumentos reales debido al descenso de la inflación. La actualización trimestral bajo la Ley 27.609 habría generado un incremento del 40,1% en junio de 2024, mientras que la actualización basada en la inflación acumuló solo un 36,7%. La diferencia favorable al nuevo esquema solo fue posible gracias a la recomposición excepcional del 12,5%, un factor que no se replicó en los meses siguientes.
El panorama para los jubilados es preocupante. Con ingresos estancados en niveles bajos y restricciones en el acceso a medicamentos esenciales, el sistema previsional se ha convertido en una de las principales variables de ajuste del gasto público. Durante 2024, las jubilaciones representaron el 19,2% del recorte total del Sector Público Nacional, consolidando una pérdida estructural para los beneficiarios del sistema.
