Aumento de la violencia de género: los datos que contradicen al Gobierno
Un informe de la Corte Suprema reveló un incremento del 8% en los casos de violencia de género durante enero. En paralelo, el Gobierno impulsa la derogación de la Ley Micaela y la eliminación del femicidio del Código Penal.
En un contexto de debate por la posible eliminación de normativas destinadas a combatir la violencia de género, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer cifras alarmantes: los casos aumentaron un 8% en enero de 2025 respecto al mismo mes del año anterior. El informe, elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), desmiente las afirmaciones oficiales que minimizan la problemática y expone una realidad preocupante.
Durante la feria judicial de verano, la OVD atendió a 1761 personas en situación de violencia de género. De ellas, 211 presentaban lesiones físicas, el 80% eran mujeres y 26 casos requirieron derivaciones de urgencia a hospitales. Según el informe, se registraron 55 denuncias diarias en la Ciudad de Buenos Aires, con un total de 915 denuncias formales y 846 consultas informativas y telefónicas.
El perfil de las víctimas sigue una tendencia alarmante: el 60% eran mujeres adultas, el 27% niños, niñas y adolescentes. En el 47% de los casos, el agresor era la pareja o expareja, mientras que un 33% correspondía a familiares directos. La violencia psicológica fue la más denunciada (96%), seguida de la física (48%), simbólica (44%), ambiental (34%), económica (26%) y sexual (7%). Además, el 27% de las víctimas se encontraba en una situación de alto o altísimo riesgo.
Frente a esta situación, se adoptaron 3482 medidas preventivas, entre ellas prohibiciones de acercamiento y contacto, además de la entrega de 81 botones antipánico. Sin embargo, mientras la emergencia se agudiza, el Gobierno de Javier Milei avanza en la derogación de la Ley Micaela y la eliminación del agravante de femicidio en el Código Penal. Según la Casa Rosada, estas normativas representan una «discriminación positiva» incompatible con su política de igualdad ante la ley.
La iniciativa, impulsada por la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, bajo la supervisión de Santiago Caputo, plantea que «no hay diferencias entre el homicidio de un hombre o una mujer». Esta postura ha generado un fuerte rechazo en organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas, que advierten sobre un retroceso en la lucha contra la violencia de género.
Mientras los indicadores muestran un aumento en la violencia de género, el Gobierno impulsa la eliminación de normativas que brindan protección a las víctimas. La discusión sobre estas medidas no solo plantea un debate jurídico, sino también una cuestión de derechos humanos en un contexto donde los datos exigen acción y no retrocesos.
