Suba de biocombustibles: impacto en los surtidores y el consumo

El Gobierno dispuso un nuevo incremento en los precios de los biocombustibles, lo que podría traducirse en un ajuste en los valores de la nafta y el gasoil. La medida, oficializada a través de resoluciones de la Secretaría de Energía, se implementa en medio de un mercado con una fuerte retracción del consumo.

A partir de este miércoles, el bioetanol a base de caña de azúcar subirá a $717,88 por litro, mientras que el elaborado a base de maíz alcanzará los $657,96. En tanto, el biodiésel se incrementará un 4%, fijando su precio en $1.107.605 por tonelada. Según la cartera de Energía, los ajustes buscan compensar desfasajes en los costos de producción y evitar «distorsiones» en los valores de los combustibles líquidos.

Los biocombustibles tienen un papel clave en el mercado: el bioetanol representa el 5% del corte en la nafta, mientras que el biodiésel es utilizado en la misma proporción en el gasoil. Por ello, cualquier aumento en sus precios suele tener un impacto en el surtidor. En este caso, la suba del 2% en el bioetanol y del 4% en el biodiésel podría traducirse en un encarecimiento del combustible final, presionando aún más a un mercado que atraviesa una crisis de demanda.

Las cifras de la Secretaría de Energía muestran que 2024 cerró con el menor nivel de ventas de combustibles de los últimos tres años, con una comercialización total de 16,8 millones de metros cúbicos. La caída fue generalizada en todas las provincias y afectó en mayor medida al gasoil, un insumo esencial para la actividad agrícola y el transporte de mercaderías. La retracción económica redujo la demanda de combustibles, con un impacto más notorio en el sector productivo.

Con una menor circulación de vehículos y un consumo en baja, la suba de los biocombustibles podría generar más presión sobre los costos de la cadena de distribución. La preocupación radica en que, ante una demanda en declive, un nuevo ajuste en los precios podría agravar la caída en las ventas y profundizar la contracción económica.

Si bien el Gobierno argumenta que la actualización busca acompasar los costos de producción y garantizar la estabilidad del mercado de combustibles, el contexto económico complica la situación. Con el poder adquisitivo golpeado y el consumo en retroceso, la incertidumbre sobre la evolución de los precios sigue latente.