Dos femicidios seguidos de suicidios conmocionan a la provincia

Dos tragedias de violencia de género, seguidas de suicidios, sacudieron la Provincia de Buenos Aires durante el fin de semana. En ambos casos, las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores y existían medidas de restricción que no lograron evitar el desenlace fatal.

El primero de los hechos ocurrió en Villa Gesell, donde Yanina Zárate, una oficial de la Policía bonaerense de 38 años, fue asesinada por su expareja Gustavo Juárez, de 40 años. Ambos tenían dos hijas en común. Juárez contaba con medidas de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento vigentes desde octubre de 2024. La tragedia se desató frente al domicilio de Zárate, ubicado en la intersección de Avenida 27 y Paseo 101, cuando la mujer regresaba de un servicio del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Según informó el sitio Criterio Online, Juárez disparó contra Zárate y luego se quitó la vida. Una de las hijas de la pareja dio aviso al 911, pero los efectivos que llegaron al lugar solo pudieron constatar los decesos. La investigación está a cargo de la Fiscalía Nº 6, que mantiene abiertas otras posibles hipótesis.

En Junín, otra mujer, Claudia Leguiza, de 47 años, fue víctima de un brutal femicidio en su domicilio ubicado en Emilio Muñiz al 1440, cerca del estadio del Club Independiente. Su expareja, Néstor Urbieta, de 48 años, chofer del micro de la Reserva del Club Sarmiento, fue identificado como el autor del crimen. Urbieta habría golpeado a Leguiza con un fierro, dejando a la madre de siete hijos sin vida. Luego, huyó en motocicleta llevándose a uno de los niños, a quien dejó al cuidado de una adolescente, hermana del menor. El cuerpo de Urbieta fue hallado horas después en cercanías de Tiburcio, en la Ruta Provincial 65, tras presuntamente haberse quitado la vida. La Fiscalía N° 1, encabezada por Vanina Lisazo, lidera la investigación del caso.

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Ambos episodios exponen la insuficiencia de las medidas preventivas ante situaciones de violencia de género, dejando en evidencia la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de protección y contención para las víctimas. En los dos casos, las denuncias previas y las medidas cautelares no evitaron que los agresores actuaran de manera letal.

Estos hechos subrayan la importancia de continuar fortaleciendo las políticas públicas para prevenir la violencia de género y brindar asistencia integral a las víctimas. La sociedad, las instituciones y el Estado deben redoblar esfuerzos para erradicar esta problemática que persiste y deja marcas irreparables en las familias y comunidades.