Alarma por el cierre de la dirección que entregaba medicamentos a pacientes oncológicos

El Gobierno de Javier Milei decidió disolver la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) a través del decreto 1138/24, el mismo día que un fallo judicial ordenaba la entrega urgente de medicamentos a pacientes oncológicos y con enfermedades de baja frecuencia. Esta medida ha despertado críticas y generado alarma entre pacientes y organizaciones de la salud.

Desde el inicio del año, tras la interrupción de las actividades de Dadse, la provisión de medicamentos experimentó serios retrasos. Según la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), al menos 60 personas fallecieron debido a estas demoras. Jorge Yabkowski, secretario general de Fesprosa, cuestionó la disolución de la dirección y sugirió que podría tratarse de una estrategia para eludir el cumplimiento del fallo judicial dictado por el juez federal Marcelo Bruno Dos Santos.

El juez había dispuesto una medida cautelar exigiendo al Gobierno la distribución de medicamentos en un plazo máximo de 10 días. Además, el fallo establecía que en 20 días el Ejecutivo debía ajustar su accionar a los procedimientos estipulados por la ley 19.549. La resolución fue resultado de una solicitud presentada por organizaciones sociales en abril, preocupadas por los extensos tiempos de espera que enfrentaban los pacientes para obtener respuestas a sus solicitudes.

El Ministerio de Salud había anunciado que asumiría las funciones de la disuelta Dadse. Sin embargo, las organizaciones temen que esta transferencia no se realice de manera efectiva, dejando a los pacientes aún más desprotegidos. Fesprosa emitió un comunicado exigiendo al ministro de Salud, Mario Lugones, que cumpla de inmediato con la medida cautelar y garantice la provisión de medicamentos esenciales.

La decisión de cerrar Dadse no solo afecta a pacientes con enfermedades de alta complejidad, sino que también pone en cuestión la capacidad del sistema de salud para cumplir con sus responsabilidades legales. En un contexto donde los tratamientos médicos son vitales para la supervivencia de los pacientes, la falta de medicamentos representa un golpe crítico a los derechos humanos y al acceso equitativo a la salud.

Este episodio resalta la importancia de políticas de salud pública que prioricen las necesidades de los sectores más vulnerables. Las organizaciones de pacientes y profesionales de la salud continúan exigiendo medidas concretas y urgentes para revertir esta situación, con la esperanza de evitar más pérdidas irreparables.