El PAMI prioriza prestadores privados mientras recorta beneficios a jubilados
En un año, las transferencias a prestadores privados del PAMI aumentaron un 600%, mientras los hospitales propios y el acceso a medicamentos para afiliados sufren recortes.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), esencial para millones de jubilados en Argentina, enfrenta críticas por su manejo presupuestario. Mientras los afiliados denuncian dificultades para acceder a medicamentos y servicios esenciales, el organismo destinó recursos millonarios a prestadores privados, dejando en segundo plano a sus hospitales propios.
El director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, defendió en una entrevista televisiva la política de «administración ordenada y estratégica», pero los números revelan una situación controvertida. Durante el año, las transferencias a prestadores privados aumentaron un 600%, alcanzando cifras récord. Sin embargo, los hospitales propios del PAMI recibieron un presupuesto muy inferior al asignado, afectando su capacidad operativa y dejando a miles de jubilados sin atención adecuada.
En este contexto, el cierre parcial de unidades hospitalarias, como el Hospital Español, obligó a trasladar a pacientes hacia prestadores privados. Este esquema no solo eleva los costos para el organismo, sino que también incrementa la incertidumbre para los afiliados, quienes deben enfrentar decisiones difíciles entre adquirir medicamentos o cubrir otras necesidades básicas.
Además, la incorporación de nuevos prestadores alternativos durante el año generó cuestionamientos. Aunque se justifican como una medida para mejorar la cobertura, la falta de transparencia en los contratos y el uso de «anexos secretos» limitan el acceso público a detalles clave sobre estas transferencias.
Mientras tanto, los hospitales propios del PAMI, como el Policlínico PAMI I y el Hospital Bicentenario Ituzaingó, enfrentan una ejecución presupuestaria inferior a lo asignado inicialmente. Estas instituciones, pilares en la atención de los afiliados, operan con recursos limitados, agravando la situación de vulnerabilidad de quienes dependen de sus servicios.
La política de priorizar prestadores privados en detrimento de los hospitales propios y el acceso a medicamentos gratuitos pone en jaque el bienestar de miles de jubilados. En un contexto donde los recursos públicos son limitados, resulta fundamental garantizar la transparencia y la eficiencia en su uso, priorizando siempre a quienes más lo necesitan.
