Luz y gas: el fin de los subsidios y su impacto en el bolsillo argentino

En una nueva avanzada hacia el equilibrio fiscal, el Gobierno libertario confirmó la eliminación de los subsidios a la energía eléctrica y al gas, un ajuste que se sentirá con mayor fuerza en las tarifas a partir de mayo del próximo año. La Resolución 384/2024, publicada en el Boletín Oficial, establece que el esquema de segmentación por ingresos se mantendrá hasta abril, cuando se implementará un modelo focalizado aún en desarrollo.

La Secretaría de Energía fundamentó la decisión como parte de la política de déficit cero y desinflación impulsada por el Ministerio de Economía. Según el Gobierno, el nuevo esquema buscará subsidiar únicamente a los sectores más vulnerables, eliminando las ayudas generalizadas que hasta ahora beneficiaban a gran parte de la población.

Actualmente, el sistema de segmentación divide a los usuarios en niveles según su capacidad de pago. Sin embargo, los incrementos progresivos ya han golpeado a las familias de ingresos medios y bajos, muchas de las cuales recurren a tarjetas de crédito para cubrir las facturas de servicios esenciales. Con la quita total de los subsidios, se anticipa un impacto aún más severo en los presupuestos familiares, especialmente en el contexto de salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica.

La eliminación de subsidios no solo responde a los compromisos de reducción del déficit fiscal asumidos por el Gobierno, sino también a su filosofía de achicamiento del Estado. Esta medida se suma a otras iniciativas polémicas, como la eliminación de la cobertura de medicamentos para jubilados, lo que ha generado críticas desde diversos sectores políticos y sociales.

María Tettamanti, titular de la Secretaría de Energía, explicó que el nuevo esquema focalizado está en proceso de diseño. No obstante, los detalles sobre quiénes serán los beneficiarios, cómo se implementará y cuáles serán las tarifas definitivas aún no se han esclarecido. Esto genera incertidumbre tanto entre los usuarios como en las empresas distribuidoras de energía, que ya prevén dificultades en el cobro de las facturas.

La decisión de eliminar los subsidios a la luz y al gas marca un cambio drástico en la política energética argentina, con profundas implicancias sociales y económicas. Aunque el Gobierno argumenta que es un paso necesario para alcanzar la sostenibilidad fiscal, el impacto directo en el costo de vida de la población podría derivar en un mayor descontento social. Con las tarifas energéticas en ascenso y la inflación persistente, la pregunta que surge es si los sectores más vulnerables tendrán la capacidad de afrontar este nuevo escenario.