Caso Strzyzowski: postergaciones y un juicio previsto para 2025
Las audiencias previas al juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski fueron reprogramadas para febrero de 2025, lo que aplaza aún más el inicio del proceso judicial, previsto para mediados del mismo año.
El caso de Cecilia Strzyzowski, cuyo femicidio ha generado conmoción en todo el país, enfrenta un nuevo retraso en su proceso judicial. Las audiencias preliminares, originalmente programadas para diciembre de 2023, fueron postergadas para febrero de 2025 por resolución de la jueza Dolly Fernández. Esta decisión, sumada a la suspensión de términos procesales y la cercanía de la Feria Judicial, marca otro capítulo en la dilatada búsqueda de justicia.
La resolución de la jueza Dolly Fernández responde a múltiples cuestiones pendientes, como la definición de los abogados defensores de los acusados y el acceso completo al expediente, que supera las 8.000 páginas y contiene 374 pruebas. Según Fernández, esta falta de claridad en las defensas técnicas justifica la postergación de las audiencias preparatorias del juicio por jurados.
El caso tiene como principales acusados a César Sena, sus padres Marcela Acuña y Emerenciano Sena, y a otros cuatro imputados: Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Griselda Reinoso. La defensora Sofía Elena Puente, representante de dos de los imputados, solicitó una extensión de plazos debido a que aún no ha podido analizar la totalidad del expediente, un elemento clave para garantizar un juicio justo y transparente.
Otro aspecto que contribuye a la demora es la indecisión de Mariana Tomljenović, abogada que evalúa asumir la defensa de algunos de los acusados. Según se informó, Tomljenović aún debe visitar a su cliente en el Complejo Penitenciario I de Villa Barberán antes de confirmar su participación en el caso.
El juicio, que podría iniciar a mediados de 2025, sigue acumulando incertidumbre y prolongando la espera de justicia para la familia de Cecilia Strzyzowski. Este retraso pone de relieve las dificultades estructurales del sistema judicial, desde el acceso a las pruebas hasta la designación de defensores, y genera inquietud sobre la celeridad en la resolución de casos de alto impacto social.
