La canasta de servicios públicos: un reflejo de los errores en la política económica
El gasto en servicios públicos alcanzó en noviembre los $134.173 por hogar, representando la mitad del salario mínimo vital y móvil ($271.571,22). Aunque la canasta de servicios mostró una leve desaceleración del 0,2% mensual, la realidad evidencia un ajuste que golpea con fuerza a los sectores más vulnerables. Detrás de estas cifras, se ocultan problemas estructurales agravados por políticas insuficientes y un esquema de subsidios cada vez menos sostenible.
¿De qué desaceleración hablamos?
El informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) señala que la baja en el gasto se explica principalmente por una caída del 18,5% en el consumo de gas natural. Sin embargo, este «alivio» está lejos de ser una solución real para las familias, que enfrentan aumentos constantes en electricidad (+10,3%) y agua (+4%).
En términos simples, la desaceleración es resultado de una menor demanda estacional de gas, no de una política efectiva que alivie el peso de los servicios en los bolsillos de los argentinos. Los aumentos tarifarios continúan, y los hogares ajustan consumos para evitar una sobrecarga en sus finanzas.
Subsidios: el ajuste encubierto
Uno de los pilares del gasto público, los subsidios económicos al agua, energía y transporte, ha sufrido una caída real del 37% en los primeros diez meses del año. Aunque el gobierno presenta este ajuste como parte de una «normalización» del sistema, lo cierto es que esta reducción se traduce en un traspaso directo de costos a los usuarios, quienes no ven mejoras tangibles en la calidad del servicio.
- Energía: Representa el 79% de los subsidios totales, con una caída real del 35%.
- Transporte: La reducción alcanzó el 42%, afectando principalmente a trabajadores y estudiantes que dependen del sistema público.
- Agua: La caída más dramática, con un 58% menos en términos reales, mientras el acceso a este recurso esencial se encarece progresivamente.
Este esquema refleja la incapacidad del gobierno para administrar eficientemente los recursos y mantener un equilibrio entre sostenibilidad fiscal y acceso a servicios básicos.
El salario, rehén de los ajustes tarifarios
El hecho de que la canasta de servicios públicos represente el 50% del salario mínimo evidencia el desfasaje entre ingresos y costos esenciales. Mientras los hogares ajustan consumos, el gobierno prioriza políticas que apuntan a reducir déficits fiscales, sin considerar el impacto directo sobre las condiciones de vida de los ciudadanos.
En lugar de garantizar tarifas accesibles y calidad en los servicios, se perpetúan prácticas que solo profundizan la desigualdad. Para las familias, pagar los servicios implica resignar gastos en educación, salud o alimentación.
Una política económica fallida
La desaceleración de la canasta de servicios públicos no es un logro, sino un síntoma del ajuste encubierto que ejecuta el gobierno. Lejos de solucionar problemas estructurales, las decisiones económicas actuales agravan la carga sobre los sectores más vulnerables.
Si no se implementan medidas que prioricen a las personas por sobre las cifras, las familias seguirán soportando el peso de una política ineficiente que no da respuestas a sus necesidades básicas. El discurso oficial, lleno de excusas y justificaciones, no puede ocultar el impacto real que estas decisiones tienen en la vida cotidiana de millones de argentinos.
