Flexibilización de exportaciones agropecuarias genera presión en precios internos
El Gobierno nacional ha implementado una serie de medidas que eliminan más de veinte normativas en el sector agropecuario, buscando simplificar el acceso a la exportación y reducir costos para los productores.
La iniciativa, encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, responde a reclamos de entidades como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que exigían reducir retenciones y el cepo cambiario, factores que consideran limitantes para la competitividad y crecimiento del sector.
El martes, el Ministerio de Economía derogó una serie de resoluciones relacionadas con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, mediante la Resolución 1129/2024 publicada en el Boletín Oficial. Las normativas eliminadas abarcan desde el fideicomiso aceitero hasta la declaración jurada para exportaciones de carne, el programa Lanar, el de fortalecimiento del sector aviar, y varios programas destinados a fomentar la producción agrícola. La justificación oficial subraya la necesidad de “alinear las políticas de regulación” del sector agropecuario con un enfoque de simplificación administrativa, promoviendo una relación más eficiente entre el Estado y los actores económicos implicados.
Entre los puntos destacados de las medidas, la eliminación del fideicomiso aceitero permite que los precios de los aceites refinados de soja y girasol se ajusten a la demanda internacional, sin la compensación que anteriormente se otorgaba para sostener precios accesibles al público local. La medida también deja sin efecto la Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC), facilitando la exportación de carne vacuna y generando preocupación por posibles impactos en el abastecimiento interno y el alza de precios en el mercado nacional.
“Necesitamos un alivio fiscal que permita a los productores respirar, invertir y crecer,” sostuvo Carlos Castagnani, titular de CRA. Esta postura encuentra eco en el sector, que advierte sobre la pérdida de competitividad derivada de la presión fiscal y de las regulaciones vigentes. Sin embargo, la decisión de eliminar la DJEC ha generado temores sobre el impacto que la liberalización de las exportaciones de carne podría tener en los precios internos, en un contexto donde el consumo de carne en el mercado externo, especialmente en China, ha aumentado significativamente.
El paquete de medidas también incluye la derogación de la Resolución 113/2022, que sustentaba el Plan Argentina 25MT para incrementar la producción y exportación de trigo, junto con otras iniciativas de fomento agrícola. Además, el Ministerio de Economía eliminó la Unidad de Vinculación Académica de Agricultura y la Unidad de Perspectiva de Género en la cartera agrícola, decisiones que apuntan a reducir la burocracia en el sector.
Si bien las nuevas políticas pueden incentivar el crecimiento del sector agroexportador, el potencial impacto en los precios internos ha provocado diversas reacciones. Organizaciones de consumidores y sectores opositores expresaron inquietud ante el posible encarecimiento de productos básicos como carne, aceites y cereales, argumentando que el beneficio de los productores no debe comprometer el acceso de la población a bienes esenciales.
