Paro nacional docente: una semana de movilización por la universidad pública
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anuncia un paro nacional del 21 al 26 de octubre en defensa de la educación superior, en respuesta a la falta de diálogo con el gobierno.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) ha confirmado un paro nacional de una semana que comenzará el próximo lunes, 21 de octubre. La decisión se toma en el contexto de un creciente malestar en la comunidad académica y la percepción de un ataque sistemático a la universidad pública, respaldado por el gobierno de Javier Milei.
El paro, que incluirá «actividades de visibilización», se desarrollará en todas las facultades del país y está diseñado para fortalecer la unidad de los diversos sectores que conforman la comunidad universitaria. Desde CONADU, se ha enfatizado la urgencia de hacer frente al “plan de ajuste y destrucción de la Universidad Pública” que, según ellos, está siendo implementado por el gobierno.
Carlos De Feo, secretario general de CONADU, expresó su preocupación por la falta de diálogo entre el gobierno y los docentes. «No existen negociaciones de ningún tipo con el gobierno», afirmó en un comunicado. Además, advirtió que la ausencia de conversaciones representa un “quiebre de un pacto democrático en Argentina”, algo que podría tener repercusiones graves en el ámbito educativo.
Este anuncio se produce en paralelo a un paro de 48 horas ya previsto para el 21 y 22 de octubre, que fue convocado por otras entidades sindicales en protesta por el veto a la ley de financiamiento universitario. La comunidad académica continúa movilizándose en defensa de la educación superior, reiterando su compromiso a lo largo de todo el año.
El anuncio de CONADU coincide con la reciente confirmación del gobierno de iniciar auditorías en las universidades. Miguel Blanco, director de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), indicó que el proceso comenzará la próxima semana, priorizando a la Universidad de La Matanza (UNLaM). Las auditorías se llevarán a cabo para evaluar la administración de fondos y convenios, y cualquier sospecha de corrupción será derivada a la Oficina Anticorrupción.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, minimizó las movilizaciones universitarias, afirmando que no representan una preocupación para el gobierno. En declaraciones a Radio El Destape, opinó que las manifestaciones no están aumentando y que los alumnos en varias universidades se oponen a las acciones de sectores estudiantiles politizados. “Las universidades siguen funcionando, entonces, no hagamos una cuestión que no existe”, sentenció.