La paradoja del financiamiento universitario: diputados egresados de universidades públicas apoyaron el veto
La reciente votación sobre la Ley de Financiamiento Universitario dejó al descubierto una paradoja: varios diputados formados en universidades públicas votaron a favor del veto presidencial que recorta recursos a estas mismas instituciones.
En una sesión que generó polémica y debate en todo el país, la Cámara de Diputados ratificó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Lo sorprendente es que, entre los legisladores que apoyaron el veto, se encuentran varios que se graduaron de universidades públicas y, en algunos casos, incluso ejercen la docencia en estas instituciones. Esta situación no ha pasado desapercibida, y ha generado una gran cantidad de críticas tanto dentro como fuera del ámbito académico.
La Ley de Financiamiento Universitario, que buscaba garantizar un aumento presupuestario para las universidades públicas, fue vetada por el presidente Javier Milei bajo el argumento de la necesidad de reducir el gasto público. El veto fue respaldado por 84 diputados, algunos de los cuales tienen una relación directa con las universidades públicas, ya sea como egresados o docentes. Este hecho ha generado indignación en amplios sectores de la sociedad, especialmente en la comunidad universitaria, que lucha por recursos para mantener la calidad de la educación pública.
El bloque de La Libertad Avanza (LLA), principal aliado del veto, cuenta con 12 diputados que son egresados de universidades públicas, como Facundo Correa Llano (Universidad Nacional de Cuyo), Romina Diez (Universidad Nacional de Rosario) y José Luis Espert (UBA), entre otros. Además, en este grupo se encuentra el diputado Jorge Santiago Pauli, quien además de ser egresado de la Universidad Nacional de Salta, es docente en instituciones públicas, lo que añade una capa adicional de controversia a la situación.
En otros bloques, como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), también se registran casos de diputados que se formaron en universidades del Estado y apoyaron la decisión del presidente. Entre ellos destacan Diego Santilli y Alejandro Finocchiaro, ambos egresados de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y el radical Mariano Campero, graduado de la Universidad Nacional de Tucumán.
Este apoyo al veto por parte de quienes han sido beneficiarios directos del sistema de educación pública ha sido señalado por muchos como una «traición» a las bases de la educación gratuita y accesible en Argentina. “Es un contrasentido que quienes se formaron en universidades públicas ahora voten en contra de su financiamiento. Es un ataque directo al futuro de miles de jóvenes que dependen de estas instituciones para acceder a una educación de calidad”, señaló Tomás Battaglino, secretario de la Federación Universitaria Argentina.
La decisión de estos diputados ha encendido el debate sobre el compromiso real de los representantes políticos con la educación pública. Mientras tanto, las protestas y movilizaciones no cesan en las principales universidades del país. Con un paro nacional universitario convocado por la CONADU, se espera que las medidas de lucha continúen en las próximas semanas. La comunidad educativa promete seguir defendiendo la universidad pública, a pesar de las decisiones políticas que parecen ir en dirección contraria.
