Evalúan un incremento del 9% en la nafta y 6% en el gasoil
El próximo aumento en los combustibles previsto para noviembre podría sumar una nueva preocupación a la ya delicada situación económica que atraviesa el país.
Las principales empresas petroleras están analizando una suba del 9% en la nafta súper y del 6% en el gasoil, un ajuste que se da en el marco del incremento internacional del precio del petróleo. Pero, ¿hasta qué punto el gobierno de Javier Milei está manejando adecuadamente esta crisis, o solo está trasladando las cargas a los consumidores?
El rol ambiguo del Gobierno
Desde fines de septiembre, el Gobierno actualizó el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (CO2), aplicando un incremento del 1% mediante el Decreto 863/2024, publicado en el Boletín Oficial. Si bien esta actualización impositiva fue presentada como una medida moderada para evitar un mayor impacto inflacionario, los precios del combustible no tardaron en verse presionados. Y aquí radica el problema central: la aparente falta de coherencia entre las políticas públicas y las promesas de alivio fiscal para los ciudadanos.
El aumento del impuesto, aunque mínimo en comparación con el ajuste que se hubiera realizado si se aplicara sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC), parece insuficiente para controlar los precios finales en los surtidores. Además, los combustibles no solo afectan a los automovilistas, sino también al transporte de bienes, lo que se traduce inevitablemente en un aumento de precios en toda la cadena productiva.
Contradicciones en la gestión de los precios
Lo más llamativo es que YPF, la petrolera estatal que debería tener un rol más activo en estabilizar los precios, había anunciado en octubre una reducción en los combustibles. ¿Qué pasó con esa reducción? Al parecer, fue una jugada coyuntural, ya que los precios del petróleo internacional y el propio Gobierno contradicen esas intenciones. Horacio Marín, presidente de YPF, reconoció que cualquier decisión sobre los precios estaba sujeta a la evolución de los costos internacionales y a las determinaciones impositivas del Gobierno. Así, el tan esperado alivio para los consumidores quedó en meras palabras.
Lo que estamos viendo es una estrategia que oscila entre el intento de frenar la inflación y la necesidad de recaudar más mediante los impuestos al combustible. Pero en lugar de atacar las causas estructurales de la inflación o buscar soluciones alternativas, el Gobierno elige un camino más fácil: hacer recaer el peso del ajuste sobre los ciudadanos, especialmente los sectores que dependen del transporte para sus actividades diarias y productivas.
Una economía sin respiro
Los consumidores, en tanto, enfrentan una doble realidad. Por un lado, ven cómo los combustibles aumentan constantemente. Por otro, las ventas de nafta y gasoil, según datos de la consultora Politikon Chaco, cayeron un 9,2% interanual en agosto, marcando el noveno mes consecutivo de caídas. Esto demuestra que las personas no solo están sintiendo el impacto en sus bolsillos, sino que, a pesar de la baja en el consumo, el Gobierno no está logrando controlar la inflación ni aliviar la carga impositiva de forma efectiva.
Además, este constante ir y venir de aumentos y ajustes impositivos demuestra la falta de una política energética coherente. En lugar de promover un acuerdo de precios real y sostenible, las decisiones gubernamentales parecen más enfocadas en apagar fuegos que en resolver de manera estructural el problema de fondo.
La suba en los combustibles de noviembre sería solo el último eslabón de una cadena de errores en la gestión económica del Gobierno de Javier Milei. En lugar de priorizar a los consumidores y a la producción, las políticas fiscales y energéticas actuales están alimentando una espiral inflacionaria de la que es difícil salir. Mientras las petroleras ajustan sus precios, el ciudadano común sigue pagando las consecuencias de una gestión que parece, una vez más, haber dejado de lado sus promesas de cambio.
