Nuevo golpe a los monotributistas sociales: el Gobierno nacional recorta subsidios de obra social

El Gobierno nacional, mediante la Resolución 630/2024, oficializó un nuevo ajuste que golpea directamente a los sectores más vulnerables: los monotributistas sociales que además son beneficiarios de programas estatales como Acompañamiento Social (PAS), Volver al Trabajo (VAT) o Microcrédito (Conami). A partir de octubre, estos trabajadores tendrán que pagar la mitad de su cobertura de salud, un costo que hasta ahora el Estado cubría en su totalidad.

Este aumento de $6.900 por persona para quienes dependen de programas sociales es una muestra más de las malas decisiones económicas que está tomando el gobierno, que en lugar de proteger a los que menos tienen, parece decidido a recortar derechos básicos. En un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo, la medida genera indignación entre los beneficiarios, quienes hasta ahora no debían asumir ningún gasto por la obra social.

Ajustes que profundizan la desigualdad

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, justificó la decisión como una forma de «homogeneizar» el aporte de todos los monotributistas sociales, pero lo cierto es que no se trata de igualdad sino de ajuste. Al eliminar el subsidio del 100% para los beneficiarios de programas sociales, el gobierno deja a miles de familias al borde de la exclusión sanitaria. El costo de $6.900 por persona no es una cifra menor para quienes ya dependen de planes estatales para sobrevivir, y refleja un desconocimiento alarmante de la realidad económica que atraviesan estos sectores.

Este ajuste se suma a una serie de medidas que han venido recortando derechos a los sectores más desprotegidos. La decisión es una señal más de un gobierno que parece estar más preocupado por achicar el déficit fiscal que por proteger a los trabajadores más humildes.

La crisis de la salud se profundiza

El abogado especializado en derecho a la salud, Luciano D’Angelo, advirtió que este nuevo esquema no solo aumenta la carga tributaria de los beneficiarios de programas sociales, sino que además profundiza una crisis estructural en el acceso a la salud. «El monotributo social fue diseñado para permitir que pequeños emprendedores o trabajadores informales accedan a una obra social y a la jubilación. Con este aumento, lo que antes era un beneficio para las personas de bajos recursos ahora se convierte en una carga insostenible», señaló.

A esto se suman las dificultades históricas que enfrentan los monotributistas sociales para ser aceptados por las obras sociales, que muchas veces se niegan a afiliar a quienes están en categorías bajas debido a los aportes reducidos. Este escenario, según D’Angelo, crea una trampa en la que los trabajadores no pueden acceder a la salud pública ni a una cobertura privada, quedando en un limbo de desprotección.

El ajuste recae sobre los más pobres

El gobierno nacional sigue recortando donde más duele. Con esta medida, se traslada una responsabilidad que el Estado debe asumir, como es el acceso a la salud, a los sectores más pobres. En lugar de buscar soluciones integrales, que apunten a mejorar la eficiencia del sistema y a combatir las verdaderas causas del déficit, se opta por la salida más fácil: recortar derechos.

Es evidente que la estrategia de este gobierno es descargar los ajustes sobre los hombros de los que menos tienen, profundizando la desigualdad y debilitando aún más la ya frágil red de protección social. ¿Hasta cuándo seguirán ajustando a los más vulnerables en lugar de atacar las verdaderas causas de la crisis? El panorama que se avizora es preocupante, con un sistema de salud pública desbordado y una economía en picada, donde el acceso a derechos básicos se convierte en un privilegio para quienes puedan pagarlo.

Es hora de que el gobierno nacional deje de sacrificar a los más vulnerables y adopte medidas que realmente protejan a los trabajadores, en lugar de recortar sus derechos esenciales.