Milei confirma el veto a la Ley de Financiamiento Universitario: un golpe a la educación pública

En un nuevo capítulo de ajustes y recortes, el presidente Javier Milei confirmó este viernes que vetará la Ley de Financiamiento Universitario, una medida que había sido aprobada por el Senado con el respaldo de la oposición y que establecía la actualización de los presupuestos de las universidades nacionales y de los salarios docentes conforme a la inflación. La decisión, que fue oficializada a través de un tuit del propio mandatario, representa un fuerte revés para el sistema de educación pública.

La ley, que fue sancionada el jueves por la noche con 57 votos afirmativos, tenía como objetivo garantizar el funcionamiento de las universidades y proteger los salarios de los docentes y no docentes, ajustándolos mensualmente según los índices de inflación. En un país donde la inflación galopante erosiona rápidamente el poder adquisitivo, la medida era vista como una herramienta necesaria para sostener la calidad educativa y las investigaciones universitarias.

¿Una decisión ideológica o fiscal?

El veto presidencial no solo es un golpe a los recursos de las universidades, sino también un ataque a la estabilidad de la educación pública en el país. La medida se interpreta como una decisión alineada con la visión libertaria de Milei, quien ha cuestionado repetidamente el gasto público en la educación y propone una reducción drástica de la intervención estatal en todos los ámbitos.

Sin embargo, esta postura ignora las consecuencias reales de la crisis educativa. Las universidades públicas cumplen un rol clave en la formación de profesionales y en el desarrollo de investigaciones que benefician al país. El ajuste presupuestario propuesto por Milei desprotege a estas instituciones, que ya enfrentan dificultades para sostener sus actividades diarias, desde el mantenimiento de la infraestructura hasta la investigación científica.

Un ajuste más que recae sobre los docentes

Uno de los aspectos más polémicos del veto es que afecta directamente a los salarios de los docentes universitarios, un sector que ya viene lidiando con la pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación. La ley vetada proponía que los salarios se actualizaran automáticamente cada mes, evitando que la inflación los dejara rezagados. Esta protección es crucial en un contexto económico donde la inflación interanual supera el 100%.

Con este veto, los docentes y no docentes volverán a quedar a merced de la negociación salarial, un proceso que muchas veces no refleja la urgencia de la situación inflacionaria. La decisión del gobierno de recortar estos aumentos mensuales es vista como una muestra más de su desprecio por el sistema de educación pública y por los trabajadores que lo sostienen.

Un futuro incierto para la educación pública

El veto de Milei profundiza la incertidumbre sobre el futuro de las universidades nacionales, que ya enfrentan una crisis financiera sin precedentes. Con la inflación descontrolada y la falta de actualización presupuestaria, el funcionamiento de estas instituciones corre peligro. Los recortes no solo afectan a los salarios docentes, sino también a los programas de investigación, la extensión universitaria y las becas para estudiantes de bajos recursos.

En definitiva, la medida no es solo un recorte presupuestario, es un ataque directo a la educación pública y a los sectores que dependen de ella. La decisión del presidente Milei de vetar la ley es una muestra de que su gobierno no prioriza el acceso a una educación de calidad para todos, sino que está más interesado en ajustar el gasto público a cualquier costo, incluso si eso implica poner en riesgo el futuro del país.

La educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, y decisiones como esta no hacen más que debilitarla.