Liberan precio de las garrafas: como repercute en los hogares argentinos
El Gobierno eliminó los precios máximos de referencia para las garrafas de Gas Licuado de Petróleo, dejando únicamente precios orientativos. Esta medida genera incertidumbre en un contexto económico desafiante.
A través de la Resolución 216/2024, la Secretaría de Energía del gobierno de Javier Milei implementó un cambio significativo en la regulación del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), utilizado en millones de hogares argentinos. Esta resolución, que entró en vigencia el 19 de agosto, eliminó los precios máximos de referencia para las garrafas de 10, 12 y 15 kilos, estableciendo únicamente precios orientativos sin un tope fijo. Esta decisión tiene el objetivo, según el Gobierno, de «promover la competitividad de la oferta y demanda» y garantizar un suministro «regular, confiable y económico» de GLP para los sectores más vulnerables.
El cambio en la regulación marca un giro con respecto a políticas anteriores, como el Programa Hogar, que en 2015 había instaurado precios máximos de referencia para las garrafas, con el propósito de proteger a los consumidores de aumentos desmedidos. Sin embargo, el Gobierno actual sostiene que eliminar estos topes es necesario para reflejar los «reales costos económicos» en las distintas etapas de la producción y distribución del GLP, permitiendo que el precio final responda más directamente a las variaciones del mercado.
La medida fue acompañada por tres documentos anexos que especifican los nuevos precios orientativos para las garrafas en el mercado: $8.500 para la garrafa de 10 kilos, $10.200 para la de 12 kilos, y $12.750 para la de 15 kilos. Si bien estos valores sirven como referencia, la falta de un tope máximo genera preocupación entre los usuarios, particularmente en un contexto de alta inflación y dificultades económicas que afectan a gran parte de la población.
El Gobierno defiende la liberalización del precio de las garrafas como una forma de «dejar de obstruir el ejercicio de las libertades individuales en el ámbito contractual», alineándose con los principios de libertad de mercado. No obstante, esta medida podría tener un impacto adverso en los hogares de menores ingresos, quienes dependen del GLP como su principal fuente de energía y podrían enfrentar dificultades para absorber posibles aumentos en el precio de las garrafas.
La eliminación de los precios máximos de referencia para las garrafas de GLP plantea un escenario incierto para millones de argentinos. Mientras que el Gobierno argumenta que la medida favorecerá la competencia y el suministro constante, los hogares más vulnerables temen que los costos aumenten sin control en un mercado cada vez más desregulado. El tiempo dirá si esta decisión logra equilibrar las necesidades del mercado con la protección de los consumidores más afectados. En un contexto económico complejo, el acceso a servicios esenciales como el GLP sigue siendo una preocupación central para gran parte de la sociedad.
