El transporte público consume un tercio del salario de los trabajadores informales

En varias ciudades argentinas, el costo del boleto de colectivo supera los $1000, lo que representa una carga significativa para quienes perciben ingresos bajos y agrava la crisis económica en sectores vulnerables.

La crisis económica actual en Argentina golpea con particular dureza a los trabajadores informales, quienes destinan hasta un 33% de sus ingresos mensuales en transporte público. Esta situación, ya crítica, podría empeorar ante los inminentes aumentos de tarifas por la reducción de subsidios al sector, lo que aumenta aún más la presión sobre los salarios de los sectores más vulnerables.

En más de una decena de ciudades argentinas, el precio del boleto de colectivo ha superado la barrera de los $1000, lo que significa que un trabajador informal, con ingresos promedio, debe destinar una tercera parte de su sueldo solo para cubrir los gastos de traslado hacia y desde su lugar de trabajo. Este porcentaje es el doble de lo que se destinaba hace un año, lo que evidencia el impacto del ajuste económico impulsado por el Gobierno nacional, que incluye la quita de subsidios y la consecuente suba de tarifas en el transporte público.

Para quienes perciben el salario mínimo, vital y móvil, el costo del transporte público se ha convertido en una carga cada vez más pesada para la economía familiar. Según informes recientes, la situación es particularmente alarmante entre los trabajadores informales, cuyas remuneraciones han quedado en niveles tan bajos que, en muchos casos, «deja de ser rentable ir a trabajar». Esto se debe a que los incrementos en el costo de vida, especialmente en bienes y servicios básicos como el transporte, superan con creces cualquier aumento salarial.

El informe destaca que el golpe adicional que implican las políticas económicas actuales en los ingresos de estos trabajadores actúa como un desincentivo para el empleo, en un contexto de incertidumbre laboral y con una reforma que facilita la tercerización y la precarización del empleo. Desde finales del año pasado, la brecha entre el costo de vida y los ingresos percibidos se ha ampliado significativamente, afectando la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades básicas.

Esta situación se ve agravada por el plan de ajuste fiscal implementado por el gobierno de Milei, que incluye recortes en los subsidios a los servicios públicos y aumentos en las tarifas. La suba del costo del transporte, en particular, impacta de manera directa en los sectores de menores ingresos, quienes necesitan cada vez más recursos para cubrir no solo sus necesidades elementales, sino también los gastos fijos indispensables para poder mantener un empleo.