El juicio por la muerte de Maradona: un caso que se extiende hasta 2025
Apelaciones y disputas legales prolongan el proceso judicial de los ocho profesionales de la salud imputados, mientras persisten controversias sobre la modalidad del juicio.
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, inicialmente programado para junio de 2023, ha experimentado múltiples postergaciones. Ahora, tras recientes apelaciones y disputas legales, parece que el proceso no comenzará antes de 2025. El fiscal general de San Isidro ha presentado un recurso en queja a la Casación para unificar el juicio de los ocho imputados, mientras que la defensa de una enfermera insiste en un juicio por jurados separado.
En mayo de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Isidro decidió suspender el juicio que debía comenzar el 4 de junio y lo reprogramó para el 1 de octubre. Sin embargo, nuevos planteos formulados por la fiscalía y algunas defensas sugieren que el juicio oral no iniciará en esa fecha. El conflicto central reside en si habrá un solo juicio con un tribunal colegiado de tres jueces para juzgar a los ocho profesionales de la salud imputados o si se realizarán dos debates orales, uno de ellos por jurados para la enfermera Dahiana Gisela Madrid.
Además de Madrid, los otros acusados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la médica de la prepaga Nancy Edith Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni, el enfermero Ricardo Omar Almirón y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna. La defensa de Madrid, encabezada por el abogado Rodolfo Baqué, logró que ella sea sometida a un juicio por jurados, basándose en un derecho constitucional, con la esperanza de una posible absolución.
Ante la decisión del tribunal, el fiscal general de San Isidro, John Broyad, presentó una apelación argumentando que la defensa de Madrid debió haber pedido el juicio por jurados en una etapa previa del proceso, en 2023. Broyad sostiene que la realización de dos debates separados va en contra del principio de economía procesal y afecta la teoría del caso de los fiscales, que asigna a cada uno de los ocho acusados un rol en la muerte de Maradona.
La Cámara de Apelaciones rechazó el planteo del fiscal general, pero Broyad presentó un recurso de queja para que la Sala II de la Casación bonaerense defina la cuestión. En su apelación, Broyad argumenta que separar los juicios atenta contra el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable y podría llevar a resoluciones contradictorias, violando así la seguridad jurídica.
Fuentes judiciales han revelado que, incluso si la Casación resuelve este planteo antes del 1 de octubre, podrían surgir nuevas apelaciones que demorarían aún más el proceso. Además, otro planteo de recusación contra los tres jueces del TOC 3 por parte de la defensa de Madrid podría generar más dilaciones.
En paralelo, se ha abierto una nueva causa relacionada con la presunta «sustracción o destrucción de prueba» de la orina de Maradona. Según el abogado de Luque, Julio Rivas, en la autopsia se extrajeron 300 centímetros cúbicos de orina, pero solo llegaron 24 mililitros a los laboratorios de La Plata para los estudios toxicológicos. Esta causa está a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata.
Vadim Mischanchuk, abogado defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, también duda que el juicio pueda realizarse este año. Señala que las diversas causas y apelaciones pendientes dificultan la posibilidad de un inicio cercano del juicio, y destaca que las irregularidades en la tramitación del proceso afectan la búsqueda de la verdad real y objetiva en un juicio penal.
Maradona, una de las mayores figuras de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años de un edema pulmonar y una falla cardíaca el 25 de noviembre de 2020, mientras estaba en una internación domiciliaria por su adicción al alcohol. Los fiscales de San Isidro concluyeron que los ocho imputados protagonizaron una internación deficiente y temeraria, y que Maradona pudo haber tenido más chances de sobrevivir si hubiera estado en una clínica.
La junta médica de peritos concluyó que Maradona era un paciente con múltiples patologías que agonizó 12 horas antes de morir y que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. La acusación sostiene que el equipo médico tratante fue indiferente a la posibilidad de un resultado fatal, manteniendo conductas y planes médicos deficientes, lo que llevó a la imputación de los ocho acusados por «homicidio simple con dolo eventual», delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años de cárcel.
El juicio por la muerte de Diego Maradona sigue envuelto en controversias legales y dilaciones. Las apelaciones y nuevos planteos por parte de la fiscalía y las defensas sugieren que el juicio no comenzará antes de 2025. Mientras tanto, la búsqueda de justicia por la muerte del ídolo del fútbol continúa enfrentando desafíos en el sistema judicial argentino.