Rechazo unánime a la eliminación del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad

En una medida que ha desatado una ola de críticas y preocupación, el Gobierno Nacional ha propuesto eliminar el nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad, permitiendo que cada financiador establezca sus propios aranceles. Esta iniciativa ha sido rechazada enérgicamente por organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad y por diversos legisladores, quienes advierten sobre las graves consecuencias que tendría para la salud y la calidad de vida de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

El debate en el parlamento

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados se convirtió en el epicentro del debate sobre esta polémica propuesta. El legislador nacional Eduardo Valdés expresó su desconcierto al relatar los contrastantes mensajes recibidos durante una reunión. Inicialmente, se anunció que el Ejecutivo daría de baja el borrador del decreto, pero posteriormente, un tuit del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, generó confusión al anunciar una auditoría sobre las pensiones por invalidez. Valdés calificó el tuit como «poco feliz» y resaltó la necesidad de un diálogo más coherente y transparente.

La respuesta de las organizaciones

El rechazo no tardó en materializarse en un documento conjunto elaborado por personas con discapacidad, familiares, y representantes de organizaciones sociales. Este documento expresa un contundente «rechazo a la propuesta de modificación del decreto 1193/1998 elaborada por el Gobierno Nacional que busca eliminar el nomenclador único del Sistema de Prestaciones Básicas para las personas con discapacidad». Las organizaciones subrayan que, actualmente, las prepagas, obras sociales y el sistema público están obligados a cubrir el 100% de las prestaciones de habilitación y rehabilitación indicadas, con aranceles regulados para garantizar la equidad en el acceso a la salud y la educación.

La inquietud de los legisladores

Los legisladores de diferentes partidos han manifestado su preocupación por el impacto que esta medida tendría en la calidad de vida de las personas con discapacidad. El diputado Valdés advirtió sobre el riesgo de desregular las prestaciones, destacando que «una de las grandes cualidades que tiene el sistema único de prestaciones es que la persona con discapacidad más humilde recibe la misma calidad de prestación que aquella persona acaudalada económicamente». Este principio de equidad está en peligro si se permite que cada financiador establezca sus propios aranceles, lo que podría generar desigualdades significativas en el acceso a los servicios.

Llamado a la acción

En respuesta a la situación, las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad han solicitado ser convocadas para participar en los proyectos que busquen fortalecer la integralidad y universalidad del sistema de prestaciones. Asimismo, han instado al Poder Legislativo a avanzar en la aprobación de un proyecto que incorpore el Nomenclador Único en la Ley de Prestaciones Básicas 24.901, asegurando así su permanencia y la protección de los derechos adquiridos.

La propuesta del Gobierno de eliminar el nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad ha generado una fuerte oposición, no solo entre las organizaciones y personas directamente afectadas, sino también en el ámbito legislativo. La preocupación es clara: cualquier medida que desregule las prestaciones pondría en riesgo la equidad y la calidad de vida de las personas con discapacidad. Es imperativo que el Gobierno considere estas voces y busque soluciones que fortalezcan, en lugar de debilitar, el sistema de protección y apoyo para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.