Sin tope: Las prepagas obtuvieron vía libre para aumentar sus tarifas a partir de julio

La Superintendencia de Servicios de Salud ha decidido retirar la medida cautelar que limitaba los aumentos en las tarifas de las empresas de medicina prepaga, abriendo la puerta a incrementos sin control a partir de julio. Este cambio, basado en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por Javier Milei, ha generado una fuerte controversia y preocupación entre los usuarios y legisladores.

El anuncio de que las empresas de medicina prepaga podrán aumentar sus tarifas libremente a partir de julio ha causado revuelo en el sector de la salud y entre los usuarios. La Superintendencia de Servicios de Salud decidió no continuar con la medida que limitaba estos incrementos, permitiendo que vuelva a tener vigencia el DNU 70/2023, que desregula el sector y autoriza aumentos sin límites.

En un contexto económico ya de por sí complicado, la decisión de permitir aumentos sin topes en las tarifas de las prepagas ha desatado críticas y generado preocupación. La medida cautelar que frenaba estos aumentos había sido una respuesta a las denuncias de cartelización en el sector, con el objetivo de proteger a los usuarios de incrementos desmesurados. Sin embargo, este freno ha sido levantado.

El legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI, Hernán Reyes, denunció a través de la red social X que «después del acuerdo de la Superintendencia de Servicios de Salud con 41 de las empresas de medicina prepaga, se le exigió a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que diera de baja la medida cautelar que había dictado por la cartelización». Reyes agregó que desde su bloque habían solicitado una audiencia urgente con las autoridades de la CNDC, la cual no fue posible concretar, y que posteriormente fueron notificados de la baja de la medida cautelar.

Reyes manifestó su preocupación por la falta de sanciones o condicionamientos para las empresas de medicina prepaga. «No hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero», subrayó.

Previo a esta resolución, las prepagas solo podían aumentar sus tarifas cuando lo estipulaban el Ministerio de Salud o la Superintendencia, y siempre con incrementos limitados según cada caso específico. La Superintendencia tenía la autoridad para regular los aranceles cobrados a los usuarios y establecer montos mínimos a pagar a los prestadores. Además, un decreto de 2022 regulaba un incremento escalonado de las cuotas de las prepagas, proporcionando una mayor previsibilidad y protección para los usuarios.

Con la entrada en vigencia del DNU 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei, se desregula completamente el sector de la medicina privada, permitiendo aumentos indiscriminados en las cuotas. Esto ha generado una fuerte reacción entre los usuarios, quienes temen que los incrementos en las tarifas sean desmedidos y afecten su capacidad de acceso a la atención médica.

El impacto de esta decisión no se hará esperar. Las empresas de medicina prepaga argumentan que los aumentos son necesarios para mantener la calidad del servicio y afrontar los costos crecientes del sector. Sin embargo, los usuarios y algunos sectores políticos temen que estos incrementos sean excesivos y perjudiquen a quienes dependen de estos servicios para su salud.

La decisión de la Superintendencia de Servicios de Salud de levantar la medida cautelar que limitaba los aumentos en las tarifas de las prepagas y permitir la entrada en vigencia del DNU 70/2023 marca un punto de inflexión en el sector de la salud privada en Argentina. Con las tarifas sin control a partir de julio, los usuarios enfrentan una nueva realidad en la que los costos de la atención médica podrían incrementarse significativamente.

La reacción de los legisladores y la preocupación de los usuarios destacan la necesidad de un equilibrio entre la sostenibilidad de las empresas de medicina prepaga y la protección de los derechos de los consumidores. En este nuevo escenario, será fundamental seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos y evaluar el impacto real de esta medida en la salud y el bienestar de la población.

El desafío para el Gobierno y las autoridades de salud será encontrar mecanismos que aseguren una supervisión adecuada y que protejan a los usuarios de posibles abusos, manteniendo al mismo tiempo la viabilidad del sector de medicina privada en el país.