Tras regular los aumentos, el Gobierno volverá a liberar los precios de las prepagas desde julio

En una audiencia convocada por el juez Juan Stinco, el Gobierno pactó con las empresas de medicina prepaga la devolución de lo cobrado en exceso a los afiliados. Este acuerdo, que inicialmente parecía un triunfo para los usuarios, oculta en su tercer apartado una medida controversial: desde julio, las cuotas de las prepagas podrán ajustarse libremente, revirtiendo la regulación previamente establecida y poniendo en evidencia la falta de imparcialidad y consistencia en las políticas gubernamentales.

El sistema de salud privado en Argentina ha sido un campo de batalla constante entre regulaciones y liberalizaciones. Al inicio de su gestión, el libertario Javier Milei implementó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, desregulando el sistema de salud con el objetivo de que los beneficiarios pudieran elegir libremente entre obras sociales y prepagas, promoviendo así la competencia entre los distintos actores del sector. Este decreto marcó el comienzo de una serie de cambios en la estructura de los servicios de salud privada.

Sin embargo, la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, reveló que las entidades de medicina prepaga habían aplicado un aumento del 140%, mientras que los índices oficiales indicaban un incremento de aproximadamente 70%. Este desfasaje llevó a la decisión de que las empresas debían reembolsar el exceso cobrado a los usuarios afectados, estimado en un 7%, en doce cuotas actualizadas por la Tasa Pasiva de Plazo Fijo del Banco Nación. Este reembolso se acordó durante la audiencia presidida por el juez Stinco.

En el mismo encuentro, se estableció que aquellos usuarios que se dieron de baja por falta de pago durante el período de los aumentos desproporcionados podrían reincorporarse sin penalidad y en iguales condiciones a las que tenían previamente. Este punto del acuerdo parecía un alivio para muchos, pero no es más que un paliativo temporal.

Lo que resulta más alarmante es el apartado tercero del acuerdo, que pasó casi desapercibido por los medios de comunicación: a partir de julio, las cuotas de las prepagas se ajustarán libremente. Esta medida implica que las empresas de medicina privada tendrán la libertad de aumentar los precios sin ninguna restricción, lo que podría llevar nuevamente a abusos en los costos de los servicios.

La desregulación futura contrasta fuertemente con las medidas correctivas que el Gobierno está implementando ahora. Mientras se asegura que las empresas devuelvan lo cobrado en exceso, se deja la puerta abierta para que, en pocos meses, puedan volver a aumentar los precios sin control. Esta dualidad en las políticas públicas genera incertidumbre y preocupación entre los afiliados, quienes temen que los costos de sus servicios de salud puedan dispararse nuevamente.

Los representantes de las empresas de medicina prepaga argumentan que la liberalización de los precios es necesaria para mantener la calidad de los servicios y cubrir los costos crecientes en el sector salud. Según ellos, las regulaciones estrictas impiden que las prepagas puedan adaptarse a las fluctuaciones económicas y asegurar un servicio adecuado a sus afiliados.

Por otro lado, los defensores de la regulación señalan que la liberalización sin control lleva a abusos y exclusión, afectando principalmente a aquellos que no pueden hacer frente a incrementos abruptos en sus cuotas. Advierten que una salud accesible y equitativa no debe estar sujeta a las leyes del mercado de manera indiscriminada, y que el Estado tiene un rol crucial en la protección de los derechos de los usuarios.

La situación plantea una disyuntiva compleja: por un lado, la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica de las empresas de salud privada y, por otro, la protección de los usuarios frente a posibles abusos. La liberalización de los precios puede tener implicaciones significativas en el acceso y la calidad de la atención médica que reciben millones de argentinos.

A medida que se acerca julio, la incertidumbre sobre el futuro de los costos de las prepagas aumenta. Mientras tanto, los usuarios esperan que el Gobierno y las empresas de medicina privada lleguen a un equilibrio que permita mantener la calidad de los servicios sin perjudicar económicamente a los afiliados. La falta de imparcialidad del Gobierno en este tema pone en evidencia una inconsistencia preocupante en las políticas públicas.

El desafío reside en encontrar un punto medio que combine la libertad económica con la protección de los derechos de los consumidores, asegurando así un sistema de salud justo y accesible para todos. La atención estará puesta en cómo se desarrollará esta nueva etapa de desregulación y en las medidas que puedan tomarse para evitar que los precios vuelvan a desbordarse, afectando la salud y el bienestar de la población. Esta aparente falta de coherencia y firmeza en las decisiones gubernamentales sólo contribuye a incrementar la desconfianza en un sistema que debería ser más transparente y equitativo.