Desregulación de Prestaciones por Discapacidad: Un retroceso de 25 años en derechos
El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad advierte que el proyecto de decreto para desregular las prestaciones especiales generará desigualdad y afectará a miles de personas con discapacidad y profesionales del sector.
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En una conferencia de prensa realizada hoy, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad alertó sobre las graves consecuencias que podría tener el proyecto de decreto que busca desregular las prestaciones especiales dirigidas a esta población. Según los representantes del Foro, la implementación de esta normativa significaría un retroceso de 25 años en los derechos adquiridos y generaría una gran desigualdad en el acceso a los tratamientos.
Una Medida Controvertida
El proyecto de decreto, presentado en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, propone que ya no haya un costo único para cada una de las prestaciones del nomenclador. Este cambio permitiría que cada organismo financiador del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad fije de manera independiente los valores arancelarios, rompiendo con el sistema establecido por la Ley 24.901 de 1997.
Pablo Molero, coordinador del Foro, declaró: «El proyecto de decreto está presentado en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia para ser firmado, no es un borrador como algunos andan diciendo. Creo que no ha salido por la ‘movida’ en contra que se ha ido generando y los diálogos que se han ido dando». Molero resaltó que la aprobación de esta medida afectaría a aproximadamente 200 mil personas con discapacidad que actualmente reciben prestaciones a través de obras sociales o prepagas, y a unas 100 mil personas que trabajan ofreciendo estos servicios.
Impacto en el sistema de prestaciones
El Foro subraya que, de prosperar esta normativa, se desmantelaría un sistema que ha permitido, hasta la fecha, el acceso en igualdad de condiciones a los tratamientos necesarios, independientemente de la cobertura de salud de cada persona. «Exigimos a los funcionarios que revean esta medida que puede entorpecer la atención de las personas con discapacidad, un derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años», enfatizó Molero.
La Ley 24.901, que creó en 1997 el Sistema de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad, fue un hito en la defensa de los derechos de esta población. Antes de su implementación, las obras sociales y prepagas tenían libertad para decidir qué cubrir, lo que generaba una gran disparidad en el acceso a los servicios. Molero advirtió que volver a ese esquema implicaría que muchas personas con discapacidad no reciban la atención necesaria.
Preocupaciones por los aranceles
Otro punto crítico es el establecimiento de aranceles que no cubran el costo real de las prestaciones. «Si los aranceles que se establezcan no llegan a cubrir el costo de las prestaciones, muchas instituciones o profesionales dejarán de atender a esta población porque no pueden sostenerse», alertó Molero.
El director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnoulo, avala el proyecto de decreto, que está en estudio en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Este decreto establece que ya no habrá un costo único para las prestaciones, lo que según el Foro, romperá con un sistema equitativo y generará mayor incertidumbre.
Reacciones y movilizaciones
El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que incluye a 14 instituciones como Vitra, Don Orione y Apadea, elaboró un documento detallando las implicaciones negativas del decreto. Durante la conferencia de prensa, Molero recordó que actualmente existe un nomenclador específico y obligatorio para todas las obras sociales y prepagas, con aranceles establecidos que deben ser pagados en su totalidad.
«Dejar en manos de los organismos financiadores del Sistema la estipulación del arancel que ellos luego van a pagar, va a generar la ruptura de un logro fundamental», argumentó Molero. Además, señaló el retraso arancelario que ya afecta a los servicios de transporte y otras prestaciones, lo que agrava la situación económica de las instituciones y profesionales que brindan estos servicios.
Un llamado urgente a la reconsideración
La aprobación del proyecto de decreto para desregular las prestaciones por discapacidad representaría un significativo retroceso en los derechos conquistados por las personas con discapacidad en los últimos 25 años. El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad insta a los funcionarios a reconsiderar esta medida que amenaza con desmantelar un sistema equitativo y eficiente. La movilización de la comunidad y las discusiones abiertas son cruciales para evitar que esta normativa entre en vigor y para asegurar que las personas con discapacidad sigan recibiendo la atención que necesitan y merecen.