Suspensión masiva de planes sociales: Gobierno Nacional corta el salario complementario a 27 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo, generando críticas y preocupación
La gestión de Javier Milei con las medidas tomadas genera críticas por falta de transparencia y preocupación por vulnerabilidad social.
En una polémica decisión, el Gobierno Argentino ha decidido suspender los pagos del Salario Complementario a más de 27 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a partir de este lunes, una medida que ha desatado críticas y preocupaciones en diversos sectores de la sociedad.
La Resolución 13/2024, publicada en el Boletín Oficial, revela la orden de suspensión emanada del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello. La medida afecta directamente a los «titulares del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – ‘Potenciar Trabajo'», identificados con supuestas irregularidades, aunque la falta de detalles precisos ha desatado cuestionamientos.
La decisión, tomada la semana pasada, se basa en la detección de 27,208 planes Potenciar Trabajo y 12 Potenciar Empleo con incompatibilidades, según las autoridades. Sin embargo, críticos y sectores de la oposición señalan la falta de claridad en la comunicación de estas irregularidades y el procedimiento de identificación, lo que ha generado inquietud sobre la transparencia en la gestión de los programas sociales.
Las organizaciones sociales y políticas opositoras han expresado su rechazo, calificando la medida como un duro golpe a los sectores más vulnerables. Más allá de la justificación oficial, las críticas se centran en la falta de un abordaje más integral de las problemáticas sociales, destacando la necesidad de implementar políticas que aborden las causas estructurales de la precariedad laboral en lugar de recortar beneficios sociales.
Este episodio se suma a una serie de medidas gubernamentales que han generado descontento en la población. La oposición ha criticado la falta de coherencia en las políticas económicas, señalando que la suspensión de estos planes sociales podría agravar la ya compleja situación económica de miles de argentinos.
La medida también reaviva el debate sobre la necesidad de una mayor supervisión y transparencia en la gestión de los programas sociales, así como la importancia de establecer un diálogo constructivo con los sectores afectados antes de implementar decisiones que impacten directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. En un momento en el que la sociedad exige respuestas y soluciones, estas acciones gubernamentales generan un clima de incertidumbre y desconfianza en la capacidad del Gobierno para abordar eficazmente los desafíos sociales del país.
