Iron Mountain representa lo más oscuro de la corrupción económica, dice hermana de una víctima
A ocho años del incendio de Iron Mountain, Liliana Baricola, hermana de uno de los 10 bomberos y rescatistas muertos en el depósito del barrio porteño de Barracas, calificó la tragedia como lo «más oscuro de la corrupción económica del país».
«Nos encontramos con que había 42 empresas que hacían lavado de dinero y que guardaban sus archivos de dinero en este galpón. Acá se guardaba lo más oscuro de la corrupción económica del país», le dijo a télam Audiovisual Baricola, cuyo hermano Pedro murió en el incendio ocurrido el 5 de febrero de 2014.
Esa mañana, la propagación del fuego originado en el depósito que la firma Iron Mountain tenía en Azara 1245, provocó que la estructura metálica (columnas y cabriadas) que sostenía el techo comenzara a ceder por las altas temperaturas y derrumbara la pared de la calle Jovellanos.
Baricola dice que a los dos días de la muerte de su hermano supo que se trataba de un «incendio intencional».
«No teníamos dimensión de su trabajo, pensábamos que hacía tareas en la calle», cuenta sobre el rol de su hermano en Defensa Civil.
Ella, como los otros familiares, no tiene dudas de que el incendio buscó quemar pruebas sobre lavado de dinero.
«Este hecho que se lleva la vida de 10 servidores públicos destapa un proceso que venía ocurriendo en el país, esta empresa tenía costumbre de incendiar sus depósitos. Mi hermano, como sus compañeros, entraron a salvar papeles de unos tipos que estaban vaciando el país, eso te da mucha más bronca y la impunidad que sentimos desde hace ocho años sigue estando en el mismo lugar», afirmó Baricola.
Como consecuencia del incendio, fallecieron el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anahí Garnica, los cabos Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa y Maximiliano Martínez, el agente Juan Matías Monticelli (del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal), los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi (cuartel Vuelta de Rocha) y los rescatistas de Defensa Civil, Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo.
Cuatro años después, el titular del Juzgado de Instrucción Nº18 Pablo Ormaechea dictó 17 procesamientos por «incendio culposo seguido de muerte», decisión que fue apelada tanto por las defensas como por la querella, esta última en relación a los cinco sobreseimientos.
Tras largo trámite, el 29 de diciembre de 2020 la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminar y Correccional revocó esa resolución por considerar que tenía graves errores de fundamentación y dejaba de lado la medular cuestión de la «intencionalidad», ordenándole al juez que la reelabore en base a nuevas pericias y las conclusiones de un colegio pericial.]
Para Baricola, la causa tiene «17 imputados pero los verdaderos culpables ni siquiera son citados» y apunta directo al Gobierno porteño que por entonces estaba a cargo de Mauricio Macri.
«El Gobierno de la Ciudad, que en ese momento estaba en manos de Macri, estaba (María Eugenia) Vidal, (Horacio Rodríguez) Larreta, (Juan José) Gómez Centurión, que era el que debía inspeccionar, ellos deberían ser citados como empleadores de mi hermano», señala Baricola, quien agrega que «tanto Macri como Larreta, lo tenían como empleado administrativo cuando él era rescatista, ya entonces la precarización laboral era paupérrima».
«Mi hermano era un ser humano, no un mueble que se quemó en una oficina», concluye Baricola.
