El Gobierno destina más de $ 58.000 millones a programas de inclusión en educación
El presupuesto para 2021 contempla una inversión de alrededor de 27 mil millones para el programa de becas Progresar, más de 25 mil millones para la construcción de jardines de infantes y el relanzamiento de las notebooks educativas para garantizar equipamiento y conectividad a los estudiantes.
El Gobierno destinará este año más de $ 58.000 millones a programas de inclusión en el ámbito educativo, para posibilitar una mayor inserción, continuidad, permanencia y finalización de los estudios por parte de las alumnas y los alumnos de los diferentes niveles, especialmente aquellos que provienen de sectores vulnerables.
El presupuesto del Ministerio de Educación para 2021 contempla la inversión de $ 27.085.763.389 para el programa Progresar, que otorga un aporte mensual de $ 2.100 por estudiante de 18 a 24 años para completar sus estudios, con excepción de las y los pertenecientes a pueblos originarios y jefas de hogar, cuyo tope se extiende hasta los 30; y de las personas trans y travestis, para quienes no hay límite de edad.
Asimismo, habrá un desembolso de $ 25.730.996.398 para la construcción de nuevos jardines de infantes, de manera de ampliar la cobertura de la educación para niñas y niños 3 a 5 años en todo el país.
Además, el relanzamiento de las notebooks educativas, bajo la denominación Plan Federal Juana Manso, significará por parte del Estado la erogación de $ 13.576.543.594 para la adquisición de equipamiento informático y provisión de conectividad a los estudiantes.
Otros programas de inclusión educativa que insumirán importantes recursos por parte del presupuesto son los de Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, con $ 9.400 millones; Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, con $ 6.132.345.976; y el Plan Nacional de Lecturas, con $ 3.255.741.129.
Esto totaliza una inversión de $ 58.095.627.097 en programas de inclusión, que significa un 14,62% del presupuesto educativo para este año, que alcanza a $ 397.164.639.932.
«Los objetivos de la política presupuestaria reflejan prioritariamente la atención de las poblaciones excluidas, en situación de vulnerabilidad y necesidad, en particular, de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que se encuentran fuera del sistema educativo, con estudios obligatorios interrumpidos o que requieren de acompañamientos pedagógicos específicos en sus trayectorias escolares para acceder o reingresar, promover y egresar de la escolaridad obligatoria», subraya el presupuesto educativo entre sus objetivos principales.
Del total destinado a programas de inclusión, el Progresar representa casi la mitad, con un 46,62%, y un aumento del 94,74% con respecto al 2020.
El objetivo es aumentar más la cobertura y llegar a 750.000 estudiantes, según lo anunció el ministro de Educación, Nicolás Trotta, a fines del mes pasado.
De esta manera se incrementará la cantidad de beneficiarios en un 36% en comparación con los 550.000 de 2020.
Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), «en 2015 se registraron 724.439 jóvenes (en el Progresar), 816.006 en 2016, 776.668 en 2017 y 584.498 en 2018, mientras que en 2019 se registraron sólo 423.926».
«Ello representa una caída del 48% en la cobertura del programa respecto de 2016 y de 42% respecto de 2015», puntualizó el CEPA sobre la evolución del Progresar durante el gobierno de Mauricio Macri.
En la misma línea, un análisis de María Laura Lombardía, investigadora del Centro de Estudios Ciudad (CEC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), concluyó que «durante la gestión de Cambiemos se verificó el estancamiento y retroceso del Progresasr, política que había estado en expansión permanente durante los dos años anteriores».
Al respecto, indicó que «el programa sufrió fuertes recortes presupuestarios que impactaron tanto en su cobertura como en el monto y la calidad de la prestación».
En consecuencia, para el Gobierno «resulta fundamental, entonces, la asignación de recursos para recuperar y garantizar a todos y todas el acceso, las condiciones para la permanencia y el egreso en los niveles y modalidades del sistema educativo, y orientar la acción estatal en el sentido de las necesidades de desarrollo y crecimiento de la Argentina, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación».
En cuanto a la construcción de jardines de infantes, si bien la totalidad de recursos destinados es de $ 25.730.996.398, gran parte de estos se transferirán a unidades ejecutoras provinciales.
En lo inmediato, la Nación trazó un plan de construcción de 202 jardines por $ 6.124.997.717; de los cuales en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se edificarán 30 jardines, con una inversión de $ 1.181.876.383; en la región centro y norte bonaerense, 18 establecimientos que representarán desembolsos por $ 678.451.151; y en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, 21 espacios educativos para niñas y niños de 3 a 5 años, con recursos por $ 735.625.249.
En la región de Cuyo y la provincia de Córdoba, se levantarán 39 jardines, para lo cual el Estado Nacional erogará $ 1.060.535.866; en el Noreste Argentino (NEA), serán 48 centros educativos, con una inversión de $ 1.100.358.363; y en el Noroeste Argentino (NOA), se construirán 46 establecimientos que demandarán recursos por $ 1.368.150.705.
