Vuelve el proyecto de aborto legal al Congreso

El fin de semana del 16 y 17 de marzo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se reunió en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, empapelada de pañuelos, banderas y banderines verdes, para debatir y aprobar el articulado del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que será presentado por octava vez en el mes de abril de este año.

Desde Jujuy a Tierra del Fuego y de distintos puntos del país, viajaron 190 activistas en representación de 30 regionales integrantes de la Campaña, y de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, la Red de Docentes por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y Socorristas en Red-Feministas que Abortamos.

Además, en esta plenaria se presentó el nuevo espacio de la Colectiva de Disidencias Sexogeneropolíticas, conformada por integrantes de la Campaña, como un nuevo ámbito desde el cual sumar a la visibilidad de las identidades que luchan por el aborto legal.

La apertura se hizo esperar porque los abrazos, los saludos, las fotos y las anécdotas del viaje concentraron la atención. Las historias compartidas narraron el esfuerzo conjunto y las tareas realizadas para poder participar.

Luego de las palabras de apertura, la plenaria se inició con la exposición de los argumentos de cada uno de los artículos del proyecto de ley por parte de la Comisión Redactora, que trabajó durante cuatro meses tomando como base el proyecto anterior y teniendo en cuenta el ejercicio de participación democrática de toda la sociedad durante 2018. El articulado del proyecto había sido debatido previamente en cada regional que integra la Campaña, con el compromiso de llegar a un posicionamiento consensuado sobre cada artículo y de enviar sugerencias para modificar aquello con lo no se acordaba. Finalizada la exposición de los argumentos, llegó el momento de debatir. Durante más de 8 horas, se realizaron consultas sobre terminología, intervenciones para mejorar definiciones conceptuales y modificaciones de fondo, en una discusión respetuosa y democrática, hasta lograr la aprobación del texto del proyecto.

El proyecto establece como sujeto de derecho a interrumpir un embarazo a las mujeres y otras identidades con capacidad de gestar, en el marco de la ampliación de derechos respecto del reconocimiento y respeto de la identidad de género de cada persona, entendida como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Estas personas podrán acceder a un aborto voluntario legal y seguro hasta la semana 14 de gestación en los tres sectores del sistema de salud (público, de seguridad social y privado), de forma gratuita en hospitales y centros de salud públicos y con una cobertura del 100% si tienen obra social, mutual o prepaga; además el proyecto propone que la práctica sea incluida en el Plan Médico Obligatorio.

Se establece un sistema mixto de plazos y causales. Más allá del plazo de las 14 semanas de gestación, las mujeres y otras identidades con capacidad de gestar tendrán derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de violación o si corre riesgo su vida o su salud integral, esta última entendida como el estado de completo bienestar físico, mental y social (tal como la define la Organización Mundial de la Salud).

En la misma línea del reclamo popular y la posición de millones de personas que acompañan la lucha de la Campaña en Argentina y el mundo, el proyecto propone la completa despenalización de las personas que deciden abortar, y no incluye la objeción de conciencia, ya que consagra esta práctica de salud como un derecho, cuyo ejercicio no puede negarse ni vulnerarse por creencias o posiciones personales, religiosas o morales.

Además del derecho a la autonomía, a decidir sobre el propio cuerpo y proyecto de vida, ante la permanente obstaculización y embestida contra los derechos sexuales y reproductivos por parte de las jerarquías eclesiásticas y las organizaciones fundamentalistas antiderechos, la Campaña decidió reforzar en el mismo articulado del proyecto de ley la garantía de derechos ya adquiridos que forman parte de su triple consigna desde el inicio: el acceso a la educación sexual integral y a la anticoncepción.