Organizaciones de derechos humanos israelíes pidieron la libertad de Timerman
El ex canciller, que sufre graves problemas de salud, se encuentra bajo la prisión domiciliaria dispuesta por el juez Bonadio, a quien las ONG israelíes acusan de incurrir en «prejuzgamiento»
Tres organizaciones israelíes de derechos humanos se pronunciaron contra la detención del ex canciller Hector Timerman, quien se encuentra con prisión domiciliaria en el marco de la causa en la que está imputado por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, aunque fue beneficiado con la prisión domiciliaria por su delicado estado de salud.
Meir Margalit, del Centro de Iniciativas de Paz; Baruh Shalev, del Movimiento de Asistentes Sociales por la Paz, y Angela Godfray, del Centro de Apoyo a la Población Beduina, cuestionaron en un comunicado al juez Claudio Bonadio y afirmaron que el polémico magistrado incurrió en «prejuzgamiento».
Las organizaciones explicaron que Timerman se encuentra detenido «en el marco de un proceso judicial claramente viciado», impulsado por quienes pretenden escarmentar a los funcionarios del gobierno anterior.
En la misma causa que involucra a Timerman se encuentran detenidos el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el dirigente piquetero ultrakirchnerista Luis D’Elía, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el lobbista iraní Yussuf Khalil. También existe un pedido de desafuero en el Senado para la ex presidenta Cristina Kirchner.
Para las organizaciones israelíes, este proceso judicial muestra una serie de irregularidades que lo convierten en un «indudable escándalo internacional» por la «existencia de un innegable prejuzgamiento».
También destacaron que Bonadio se haya negado a recibir el testimonio del ex titular de Interpol, Robert Noble, quien negó en varias oportunidades la acusación que pesa sobre Timerman y denunciaron “la malversación cronológica de las comunicaciones” del ex canciller.
Por último, el documento sostiene que Héctor Timerman y otros imputados sufren «una persecución política» por sus acciones tendientes a «llegar a la verdad sobre el atentado a la AMIA, una causa criminal que ya lleva mas de 23 años de impunidad».
