Buscan unificar el sistema de gestión de las causas judiciales por violencia de género
Con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires reafirmó su compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres, y destacó la necesidad de que se implementen nuevas políticas públicas en esta materia.
Mediante un comunicado, desde la Defensoría del Pueblo, expresaron la importancia de que se implemente el patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género.
En tal sentido señalaron que “Más del 75 % de las causas que se inician por violencia (amenazas y lesiones) se encuentran archivadas. No contar con un patrocinio jurídico gratuito impide continuar con el procedimiento judicial”.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo informó que a través del Observatorio de Violencia de Género (OVG), “viene trabajando y elaborando mecanismos para establecer un trabajo articulado ente la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General y el Poder Ejecutivo con la finalidad de elaborar un sistema unificado de gestión de las causas judiciales por violencia de género”.
El organismo advirtió que “no se puede seguir sosteniendo que en un juzgado de familia se dicte una medida de protección por violencia familiar, en otro juzgado se ordena un régimen de visita y en otra causa judicial se investiga un posible delito”, ya que, “esta práctica demuestra la falta de articulación en los procesos judiciales que se inician por varios hechos padecidos por una misma víctima”.
Por otro lado, la Defensoría aseguró que “otra muestra de ausencia de articulación –en este caso entre el poder judicial y el ejecutivo- es la cantidad de mujeres asesinadas que tenían dictadas medidas de protección sin que ningún organismo público se encargara de controlar”.
Al respecto, “como parte de este compromiso contra la violencia de género, la Defensoría propone establecer presupuestos provinciales y municipales con enfoque de género para abordar de manera integral y articulada las violencias contra las mujeres”, al tiempo que solicita “la implementación efectiva de la ley de educación sexual integral en las provincias es aún una deuda pendiente en argentina”.
Asimismo, propone la necesidad de que “se adopten medidas para atender el impacto diferenciado que produce el encarcelamiento de mujeres, mujeres madres y personas trans y travestis en el encierro, se promuevan el dictado de medidas alternativas a la prisión y se realicen modificaciones a la legislación en materia de estupefacientes a los fines de reducir el impacto que su aplicación produce sobre ellas”.
Con relación a otras modalidades de violencia contra las mujeres, la obstétrica representa “un alto índice de vulneración de los derechos de las mujeres frente a las dificultades que se presentan para dar una respuesta efectiva frente a una denuncia”.
Por último, la Defensoría indica que en lo que va de 2017, recibió “más de 107 quejas por violencia obstétrica”, y a pesar de ello, “no hay registros de sanciones a profesional médico por haber ejercido violencia obstétrica a partir de estas denuncias, ni tampoco un protocolo para tramitar estas denuncias en el ámbito privado”, finaliza el comunicado.
